Política pública integral

Política pública integral

Eduardo Villarreal Cantú

Convengamos que la seguridad pública es la premisa básica de todo Estado. La convivencia social depende de ella y cuando ésta se fractura, cual efecto dominó, otras piezas se resquebrajan. Los gobiernos tienen la obligación de velar por su permanente vigencia. De hecho, dentro de las prioridades de las autoridades, la seguridad de los ciudadanos debería encabezar la lista. Lo ideal son Estados fuertes que la garanticen en todo momento.

En México estamos viviendo los resultados de haberla desplazado de lugar. Mientras en el País discutíamos temas electorales o económicos, perdíamos de vista lo básico y la delincuencia organizada ganaba espacios significativos y se implantaba de raíz en muchas regiones. Ello significa mayor debilidad en nuestro tejido social, pues su presencia es, a un tiempo, causa y efecto de corrupción.

Aunque la inseguridad es un mal social que todos los gobiernos deben combatir, ya sean éstos de derecha o de izquierda, federales o locales, las formas y métodos a implementar en su combate varían.

Las propuestas de lucha contra el narcotráfico se ubican, a grandes rasgos, en dos polos: combate a la oferta (es decir, a los grupos productores y distribuidores de narcóticos) o a la demanda (aquellas personas que consumen los estupefacientes). Las estrategias y tiempos de ambas opciones, si bien pueden llegar a complementarse, difieren sustancialmente.

La primera suele requerir la acelerada aparición del Ejército y los cuerpos policiales, mientras que la segunda implica desplegar instituciones públicas de educación, trabajo, desarrollo social y económico, con ritmos menos espectaculares y una red más amplia de actores.

Felipe Calderón anunciaba, desde su campaña, mano firme en el tema. Congruente con su posición conservadora, desde el Ejecutivo privilegia más el gasto militar que el desarrollo social. Prefiere la decisión rápida, mediática y de "resultados", por encima de las batallas de largo plazo, inteligentemente discretas y preventivas. La apuesta es por acciones de pronta legitimidad, esa que en las urnas quedó en suspenso. La decisión es privada, rauda y precipitada, decidida en espacios reducidos en lugar de la que implica oficio político que sume voluntades y visiones.

Lo que tenemos es, entonces, una política del gobierno que deslumbra a algunos y genera sospechas de ilegalidad en otros. Una decisión partidista -cuando no personal- de corto alcance.

Carecemos, lamentablemente, de una política pública diseñada por diversos actores sociales, que mire al futuro y al tipo de sociedad a la que aspiramos. Algo construido como resultado del acuerdo de partidos políticos, del diálogo entre niveles de gobierno, de la colaboración con organizaciones sociales y que comprometa a los otros poderes del Estado y a nuestros corresponsables vecinos del norte; en suma, que cale hondo en nuestros hábitos sociales y en nuestras rutinas institucionales.

Propósitos difíciles como éste hemos tenido, qué duda cabe. Hace no tanto tiempo, apenas diez años atrás, el fraude electoral y la opacidad gubernamental eran vistos como quimeras. Hoy no son asuntos resueltos, pero los avances son muy significativos. La seguridad es incluso un asunto de mayor calado que requiere de decisiones amplias y acciones tan robustas como las tomadas en esos temas. Tengo para mí que una política pública de largo aliento implicaría, al menos, tres características básicas: prevención, eficacia y discreción operativa.

Dicha política no podría surgir de un escritorio presidencial o de la reunión de autoridades de gabinete, sino originalmente del Congreso y sus herramientas de diálogo social. Una política eficiente pero respetuosa de un estado de derecho democrático. Una política pública en el sentido amplio del calificativo, y no una que responda a los intereses del gobierno en turno. Una política pública, para decirlo en plata, con fines públicos e instrumentos políticos y técnicos, y no a la inversa.

Cuando un problema social ha rebasado las capacidades del gobierno, dejar que éste lo resuelva en solitario es una apuesta débil. Si la inseguridad es un asunto que está poniendo al Estado contra las cuerdas, la responsabilidad tiene fuentes más amplias que el sólo Ejecutivo. Las acciones deberían ser, entonces, integrales. Insisto: es un asunto público, de gobernanza, no sólo gubernamental.

El autor es coordinador de la Maestría en Políticas Públicas Comparadas de FLACSO-México

edu_vica@hotmail.com