Ductos institucionales

Ductos institucionales

Supongamos que, en efecto, los estallidos en instalaciones estratégicas de distintos puntos geográficos fueron provocados por el EPR. ¿Qué significaría políticamente? En su comunicado, la guerrilla habla no sólo de los tradicionales privilegios de la oligarquía o la petición concreta de presentar a tres camaradas desaparecidos, sino del carácter ilegítimo del gobierno de Felipe Calderón. Gobernación replicó que las demandas políticas y sociales deben ser canalizadas por las vías institucionales, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Precisamente la racionalidad del diseño democrático se fundamenta en la búsqueda de espacios y medios para favorecer la convivencia civilizada de los distintos grupos sociales y políticos y dirimir sus inevitables conflictos y antagonismos, por una vía pacífica.

Pero, ¿qué sucede cuando tales instituciones no son eficaces o incluso son taponadas deliberadamente por los grupos en el poder, para imponer sus puntos de vista, sus proyectos, sus intereses, sus condiciones? Hay una regla esencial de la política, aplicable y observable desde hace siglos: si las vías institucionales se abren a los diversos grupos y las tendencias políticas existentes, éstos tenderán a moderarse en sus estrategias. Si en cambio se les cierran y obstruyen, entonces se radicalizarán. Las revoluciones sociales exitosas, sin excepción, estallaron ante regímenes cerrados, autocráticos, políticamente excluyentes, como el absolutismo francés, el imperio chino, el zarismo ruso, el porfiriato mexicano, las dictaduras de Fulgencio Batista y Anastasio Somoza. En regímenes institucionalmente más abiertos y flexibles, hay canales suficientemente eficaces de expresión y de lucha política, que permiten conseguir algunas de las demandas planteadas y sirven al mismo tiempo de importantes y eficientes válvulas de escape a la tensión y la conflictividad que inevitablemente generan la pugna política y social. Pero aun en las democracias, si en algún momento las instituciones dejan de ser eficaces, suelen surgir estallidos violentos que reflejan frustración e indignación de los grupos agraviados. Ante lo cual no hay mejor antídoto que limpiar los "ductos institucionales", para incorporar a los grupos inconformes y reducir la tensión social. No hay mayor ciencia en ello, pero muchos gobernantes lo ignoran u olvidan.

En nuestra historia reciente se ha podido observar ese mismo principio con bastante claridad. Los movimientos guerrilleros de los setenta se intensificaron después de la represión de 1968. El régimen priista de esos años lo entendió un poco más tarde y de ahí que la reforma política de 1979 buscara abrir las vías institucionales justo a los grupos y partidos de izquierda. Era una invitación y un incentivo —que resultó bastante eficaz— para dejar las armas y buscar los votos. Eso, pese a que aún no había la plena voluntad de asumir todas las consecuencias de la apertura, por lo cual, en 1988, ante el desafío de la izquierda electoral, se volvieron a obstruir los canales institucionales abiertos apenas diez años atrás. No sólo se practicó un fraude monumental, sino que al resultado del movimiento neocardenista —el PRD— se le hostigó por todos los medios posibles, frenando sus posibilidades de expansión electoral. No debía extrañar que al finalizar ese sexenio de cerrazón a la izquierda surgiera un brote radical y violento por el flanco izquierdo: el EZLN. En uno de sus primeros comunicados, esa guerrilla justificó su recurso a las armas debido a la cerrazón institucional que se había registrado hacia la oposición de izquierda. ¿Alguien lo contradijo? Nadie, pues todo el mundo sabía que así había ocurrido. Zedillo entendió esa lógica y despejó de inmediato la institucionalidad electoral también al PRD, que se fue moderando estratégica y políticamente. Pero tan pronto llegó el PAN al poder en 2000, olvidó o minimizó esta fórmula elemental y empezó a obstruir las instituciones hacia el flanco izquierdo, como lo hizo Salinas de Gortari años atrás. Quienes hoy celebran la apertura iniciada en 1997, quizá no reconozcan que en 2003 el proceso empezó a retroceder en no pequeña medida. Por lo que hoy queda poco que celebrar y mucho que recomponer.

¿O qué otra cosa significó dejar fuera al PRD de la conformación del IFE y la utilización en 2005 de la PGR y el Congreso para inhabilitar políticamente al principal candidato de la izquierda? Ya no digamos lo ocurrido durante el proceso electoral, incluida la confesa e indebida injerencia del presidente Fox en el proceso y la injustificable negativa del Tribunal Electoral a revisar y depurar los numerosos votos irregulares. ¿Y qué hay del conflicto en Oaxaca, donde el gobierno intervino exclusivamente para apuntalar a Ulises Ruiz? ¿Y la impunidad prevaleciente ante el abuso de autoridad en San Salvador Atenco? ¿Cómo calificar la participación de la CNDH en la extraña muerte de una anciana indígena en la sierra veracruzana? ¿Y qué mensaje envía la Suprema Corte al aplazar su evaluación de una investigación terminada sobre el uso de la justicia poblana para violentar las garantías individuales de Lidya Cacho? ¿Por qué la sorpresa de que la izquierda "mande al diablo a las instituciones" y que sus segmentos más extremos recurran por ende a la violencia? Todo esto no justifica, a mi juicio, las acciones subversivas, los actos de terrorismo ni los sabotajes a instalaciones estratégicas, pero ayuda a explicarlos. Quienes deliberadamente obstruyen los ductos democráticos e institucionales, no deben esperar que nada ocurra. En cualquier momento dicha obturación puede dar lugar a brotes violentos. Dice Gobernación que la subversión debilita a la democracia. Así es. Pero debe agregarse que es también expresión y resultado de una democracia descuidada y desdeñada.