En menos de una semana, los argumentos legales que usó el gobierno del presidente Vicente Fox para sustentar su decisión de destituir a Napoleón Gómez Urrutia como líder del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos se desmoronaron con la misma rapidez que con la que fueron creados, en febrero del año pasado.
De un día para otro, quien a la luz del gobierno anterior había sido legalmente despojado de su liderazgo, supuestamente por carecer del respaldo de los trabajadores, resultaba ahora ser víctima de un proceso judicial irregular, sustentado en probables firmas falsas, pero aparentemente ignoradas por el gobierno.
“El gobierno de Fox se involucró en la defenestración del dirigente minero. Se hizo todo para lograr el objetivo”, escribió Federico Berrueto, editorialista del periódico Milenio. Pero hoy el dirigente sindical “regresa a la conducción del gremio”.
El vuelco de 180 grados que dio la semana pasada el caso de Gómez Urrutia, luego de que un tribunal federal ordenara restituirlo al frente del sindicato, por encontrar diversas irregularidades en el proceso de su destitución, es para muchos juristas, analistas políticos y comentaristas un ejemplo más de cómo en México la aplicación de la ley está supeditada a los caprichos de los políticos o del gobernante en turno.
Pero lo que para muchos es aún más grave, en el repentino cambio que ha experimentado el caso de Gómez Urrutia, es el pobre ejemplo que deja para una ciudadanía ya de por sí altamente escéptica sobre la existencia de un verdadero estado de derecho o de una verdadera aplicación de la ley en el país.
“Esto es patético; a la población le queda claro que todo sigue igual en cuanto a la impartición de la justicia en México”, dijo Vidal Romero, analista político y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México. “Es un ejemplo de ilegalidad del que nos estamos enterando todos, pero igual un caso de ilegalidad le pasa al que le rebota un cheque, demanda y se pierde el expediente”.
Para un país como México, la desconfianza que existe en torno al sistema de justicia y que casos como el de Gómez Urrutia acrecientan aún más, es tal vez uno de los mayores obstáculos que la nación enfrenta en sus esfuerzos por modernizarse y mejorar las condiciones de vida de su población.
Mientras el gobierno y sus ciudadanos no crean en las leyes y en las instituciones que las aplican, el país difícilmente podrá completar la transformación que inició hace más de tres décadas para convertirse en un país moderno, democrático y justo.
“Es la gran tragedia de México, que no podemos encontrar el camino a la legalidad”, dijo Agustín Acosta, abogado penalista y miembro del despacho Carrancá, Araujo, Acosta y Riquelme. “Es muy trágico, ¿cómo puedes resolver los problemas del país sin legalidad?”.
Nada nuevo bajo el sol
Es evidente que la falta de una cultura de la legalidad en México no es nueva. De hecho, el sexenio pasado tuvo varios incidentes muy sonados en los que la ciudadanía quedó pasmada ante aparentes evidencias de transgresiones a la ley y la apatía gubernamental por su verdadera aplicación.
Casos como el supuesto enriquecimiento inexplicable del ex-gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, por la aparición de diversas propiedades y cuentas bancarias millonarias, jamás tuvo repercusión legal alguna sobre la vida jurídica del político. Asimismo, el caso del supuesto fraude perpetrado por Ricardo Salinas Pliego, el empresario de la televisión, en contra de sus accionistas minoritarios cuando compró a descuento deuda de su empresa de telefonía celular Unefon, para que después la misma compañía la liquidara a valor nominal, tampoco tuvo trascendencia jurídica.
No obstante, quizá el caso que mejor simbolizó el uso y abuso de las leyes para beneficio personal fue el del desafuero del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, dijeron los analistas.
Ante la creciente popularidad de López Obrador y su probable victoria en la elección presidencial de 2006, las autoridades gubernamentales, con el apoyo de los legisladores de diversos partidos, intentaron un año antes acusar a López Obrador de desobedecer la orden de un juez.
Para llevar a cabo esa acusación, las autoridades debieron retirar el fuero al ex Jefe de Gobierno, una maniobra que desató el enojo de cientos de miles de mexicanos, que salieron a la calle para protestar, al intuir que la acusación no tenía el noble objetivo de aplicar la ley a un político poderoso, como quiso argumentar el presidente Fox sino, por el contrario, tenía la intención de manipular las leyes para descarrilar la candidatura de un potencial enemigo y probable vencedor en la elección de presidencial.
Así, cuando el presidente Fox visitó Roma para asistir a los funerales del Papa Juan Pablo II en abril de 2005 y dijo que el proceso de desafuero que entonces se llevaba a cabo contra López Obrador era un ejemplo de que “finalmente” en México se estaba dando el “respeto por la ley y la legalidad”, pocos en la Ciudad de México, a 10,250 kilómetros de distancia, le creyeron.
“¿La ley? Sólo existe para los que tienen dinero y pueden pagar”, dijo por esos días Miguel Ángel Campos, un expendedor de café y bocadillos en una cafetería, en la colonia Condesa de la Ciudad de México.
El escepticismo con el que la gran mayoría de los mexicanos juzgó el caso contra López Obrador como el supuesto ejemplo de aplicación sin distingos de la ley, quedó confirmado dos semanas después del regreso de Fox de Roma, cuando el presidente, presionado por las manifestaciones en protesta por el desafuero, dio marcha atrás al proceso legal contra el jefe de gobierno.
Si el desafuero en poco había contribuido a modificar la percepción de muchos de que la ley en México se aplica a discreción, la reversión de la acción legal vino sólo a corroborar aun más entre la población, incluso entre los expertos, la apreciación de que en México el estado de derecho está a expensas de poderes extra y supra-legales.
“Las recientes decisiones del Poder Ejecutivo Federal implican un rompimiento del orden constitucional, no sólo porque conllevan la inaplicación de las leyes, sino también porque fracturan la autonomía del Ministerio Público, menosprecian las facultades del Congreso de la Unión. . . y postergan las atribuciones del Poder Judicial de la Federación, que tiene a su cargo la potestad de decidir sobre las controversias planteadas”, escribió en aquel entonces la Barra Mexicana del Colegio de Abogados en un desplegado en el que criticó la decisión de Fox de no proseguir con el caso contra López Obrador, unos días después de que diera marcha atrás al proceso en contra del ex jefe de gobierno.
Histórica ilegalidad
Para los expertos, la desconfianza que gran parte de los mexicanos tienen hacia sus instituciones jurídicas y hacia la aplicación de la ley tiene sus raíces en la historia misma del país. A lo largo de ella, la ley en México nunca ha sido vista como un instrumento para mejorar el bienestar y propiciar el progreso de la sociedad.
Esa falta de resultados reales y la carencia de un vínculo emocional entre la población, la ley y su aplicación, ha hecho que pocos, dicen los expertos, crean en la legalidad en México.
“No cumplimos la ley desde que se creó, en el periodo virreinal”, dijo en una entrevista realizada en aquel entonces Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia, una entidad que tiene como finalidad mejorar el funcionamiento de las instituciones encargadas de vigilar la aplicación de la ley, y que esta semana ganó una beca de McArthur Foundation para crear un sistema de certificación de la conducta policial en México. “Nunca quedó claro en nuestra identidad un acuerdo social que le diera a la ley un valor positivo generalizado”.
Si a esa falta de vínculo histórico se agregan las peculiaridades del sistema político que gobernó México desde 1929 hasta 2000, se entenderá mejor por qué 70% de la población, de acuerdo con una encuesta de 2005 de la firma de consultoría Beltrán y Asociados, no cree en la ley.
Mientras el presidente de México gozó de poderes que los historiadores han calificado como imperiales, el desarrollo del poder judicial y del poder legislativo quedó subordinado a las determinaciones y caprichos del presidente en turno.
Frente a esa subordinación, que hacía que la ley sirviera a intereses distintos de aquellos para los que supuestamente había sido creada, pocos en el país podían pensar que la ley era la ley. Por el contrario, la mayoría ha considerado, y esa percepción perdura, que se aplica conforme a la voluntad del gobernante en turno.
“El desafuero debilitó aún más la relación de la gente con la ley: ésa es mi hipótesis”, dijo López Portillo. “Lo que consiguieron fue enviar un mensaje que confirma que la ley está con el poderoso. . . Si al político más popular le hicieron eso, yo creo que se incrementa el sentimiento de vulnerabilidad de la gente frente a la ley. Si al poderoso le aplicaron mal la ley, qué me harán a mi”.
Sin embargo, algunos piensan que, a medida que los mexicanos han comenzado a ganar la batalla por desarticular la presidencia imperial al contar ya con elecciones democráticas, el jefe del ejecutivo ha perdido, hasta cierto grado, gran parte de ese poder meta-constitucional, y han comenzado a surgir los contrapesos naturales de toda democracia, como son poderes legislativo y judicial autónomos.
En buena medida, el hecho de que un tribunal federal fallara en contra del gobierno en el caso de Gómez Urrutia es ya una señal que, al menos en principio, el poder judicial comienza a convertirse en un contrapeso del poder presidencial. Aunque no deja de ser interesante observar, dijeron analistas, que el fallo a favor del líder sindical se da frente a un gobierno distinto al que lo destituyó, lo que resta cierta credibilidad a la actuación del tribunal federal como un poder autónomo.
De cualquier manera, en México la confianza de que las instituciones judiciales apliquen la ley y que la ciudadanía acepte respetarla está lejos de ser la norma. Por el contrario, abogados y especialistas dicen que en México existe una cultura bien arraigada de ilegalidad, que hace que las personas consideren más conveniente y fácil transgredir la ley, que vivir bajo su imperio.
“El país tiene la cultura de la corrupción, no hay mecanismos para detenerlo”, dijo Acosta.
¿Problema cultural o de sistema?
Otros, sin embargo, atribuyen la ilegalidad que permea a la sociedad mexicana a una consecuencia del sistema político-económico-social del país, más que a un aspecto cultural innato a la forma del ser del mexicano. Para ellos, un claro ejemplo de que la falta de cumplimiento de la ley no es una cuestión cultural sino de sistema es el hecho de que una gran parte de los millones de mexicanos que han emigrado a Estados Unidos aprenden pronto a respetar las leyes de ese país, desde las normas viales hasta las disposiciones en materia fiscal.
Allá, a diferencia de acá, dicen, la ley sí se aplica y los castigos a sus infractores, sea quien sea, son severos, como pudo observarse en años recientes en los juicios y veredictos que emitieron los jurados contra poderosos directores generales de empresas, que incurrieron en diversos fraudes financieros, como fue el caso de Kenneth Lay, ya fallecido, y Jeffrey Skillings, ambos ex ejecutivos de la empresa de energía Enron, o de Bernard Ebbers, ex director general de la empresa de telefonía WorldCom, quien también, como los otros dos, fue sentenciado a 25 años de prisión, luego que fue declarado culpable.
Además, el sistema estadounidense además ofrece recompensas a quienes cumplen con la ley, o al menos brinda mejores niveles de vida a quienes trabajan y cumplen con las normas indispensables de convivencia, lo que hace que muchos opten por cumplir con la ley en vez de infringirla, sin que esto obviamente signifique que el sistema estadounidense sea perfecto, o que no tenga problemas.
Para algunos abogados no todo en México debe ser motivo de desilusión. Muchos creen que, aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación muestra ciertas torpezas para comportarse como un verdadero poder autónomo, los ministros han tomado importantes decisiones en los últimos años que comienzan a brindarle cierta credibilidad entre la ciudadanía, como fue el caso de su fallo en contra del gobernador del estado de Guerrero en el caso de la matanza de campesinos en Aguas Blancas en la década de 1990, o el reciente fallo en contra del ejército, por despedir a soldados que había contraído el virus del VIH.
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