| Los empresarios futboleros han impuesto su propia legalidad. Desde luego que tienen derecho a controlar los excesos buscando medios para inhibir la violencia, pero no pasando por encima de las libertades de las personas | |
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| Las buenas conciencias se agitan cuando comunidades indígenas, hartas del abuso y el autoritarismo, deciden organizar municipios autónomos. Sustraer la vida de esas comunidades al régimen general del derecho les parece una atrocidad, un crimen que no debe ser tolerado. Para que de verdad se asusten deberían asomarse al territorio libre que es el balompié profesional, representado por la Federación Mexicana de Futbol y, más particularmente, por la asamblea de dueños, que dominan a aquella agrupación. Esos barones han logrado un estatus político que los pone al margen del orden jurídico y, en caso ofrecido, por encima de él. Preside la Federación el señor Justino Compeán, que encabezaba el club Necaxa, propiedad de Televisa, y es miembro de las familias reinantes en ese consorcio, pues está casado con la señora Hilda O' Farril Ávila, hija que fue de Rómulo O'Farril Naude (que firmaba como Jr, aun después de la muerte de su padre, ocurrida en 1981), fallecido el año pasado y que fue vicepresidente de Televisa, como lo fue también Miguel Alemán que, bajo la autoridad de Emilio Azcárraga Milmo formaron la segunda generación de propietarios de aquel conglomerado. El vínculo entre el negocio futbolero y el de la televisión es una de las causas de que en ambos se practique la extraterritorialidad. El régimen laboral es inobservado en los clubes comerciales de balompié. Los convenios de trabajo, salvo los de algunas estrellas, son leoninos y la Federación ha resistido con éxito la formación de un sindicato y la firma de un contrato colectivo. En el ámbito del derecho administrativo, los clubes que funcionan en los estados suelen participar en acuerdos que privatizan indebidamente el patrimonio público representado por los locales construidos por Gobiernos que otorgan privilegios, con frecuencia desconocidos por el público, a los empresarios futboleros. Tampoco se afanan en cumplir su propia legalidad interna, como lo enseñan las infracciones en curso en el servicio de arbitraje. Ahora el negocio futbolero se ha propuesto, y empezó ya a conseguirlo, normar el campo de las libertades públicas. En una típica contradicción infantil, de las que percibió la inteligencia de Sor Juana (el "niño que pone el coco y luego le tiene miedo"), los dueños de los clubes se asustan con la eventual violencia en las canchas (y de su consecuencia en sus cuentas, la ausencia de público) no obstante que han contribuido a provocarla. El 7 de febrero, en una reunión celebrada en Phoenix (para acompasarla al debut del equipo mexicano dirigido por Hugo Sánchez, que no pudo con la selección norteamericana), los barones del futbol acordaron medidas disciplinarias que van más allá del ámbito privado de sus negocios y que los hacen aparecer como agentes de la autoridad, sin serlo y, más todavía, mandos superiores de autoridades a las que dictan providencias que han de acatar. Las comunicó el secretario de la Federación, Decio de Maria Serrano, antiguo miembro del Gobierno del Presidente Zedillo (en que fue Subsecretario en la Secofi encabezada por Herminio Blanco). Algunas son instrucciones que en buena hora están los propios clubes en posibilidad de cumplir como la que dispone que "no regalarán boletos a grupos de animación deportiva" o la que los obliga a presentar el padrón actualizado de los miembros de esos grupos, llamados también porras o barras, al modo sudamericano. Pero en otras medidas se le fue la mano a la Federación. Dispone por ejemplo que haya "presencia del Ministerio Público en todos los estadios de la Primera División". Quizá sea un problema de simplificación, y lo que la expresión quiere decir es que se solicitará a las Procuradurías estatales y del DF tal presencia. Sería grave que la formulación fuera literal y que la Federación esté en posibilidad de garantizar que agentes del Ministerio Público estén de guardia durante los partidos de futbol, como si los Procuradores estuvieran a su servicio. Por desgracia , quizá es esto último lo que ocurre. La primera medida de aplicación inmediata, entre las adoptadas el 7 de febrero, reza así: "Durante el torneo de clausura y hasta nuevo aviso los grupos de animación, porras y barras no podrán asistir a los estadios cuando el club sea visitante". Si todas las barras son agrupaciones adosadas a los clubes, bajo su control, para sus propios propósitos, la prohibición tiene sentido y descubre la verdadera relación entre esos "aficionados profesionales" y el negocio del futbol. Pero si se trata de aplicarla, como ya comenzó a hacerse, a cualquier persona, estamos ante infracciones a la legalidad que no deben ser toleradas. En el estadio Tecnológico, de Monterrey, tuvo lugar el primer acto de aplicación de la norma, en una operación combinada de la Policía Municipal y los agentes privados del coso. Éstos impidieron el paso a los espectadores que padecieran cualquiera de tres estigmas: chilango, greñudo o tatuado, aunque tuvieran boleto. Los que no estaban en ese caso, aunque no infringieran ningún reglamento, fueron retirados de afuera del estadio. Compeán anunció algo más grave: que se impediría el paso en las carreteras a los vehículos donde viajaran espectadores no autorizados. Las barras son parte del negocio futbolero, uno de sus varios lados oscuros, pues no sólo sirven para animar equipos, sino para inhibir y atemorizar a otros. Sus excesos deben ser controlados por los empresarios. Pero no a costa de las libertades generales. |
